Ayuntamiento de Madrid

INFORMA – Análisis y Valoración de la sentencia Tribunal de Justicia de la Unión Europea – C 103/18 y C 429/18 – 19/03/2019

Desde SIndEP hemos mostrado nuestro apoyo al Personal Temporal de las Administraciones Públicas en Fraude de Ley a través de los diferentes comunicados y participando de las diferentes movilizaciones.

Por todo ello, le pese a quien le pese, SIndEP seguirá luchando por una reivindicación que consideramos justa y legítima del colectivo del Personal Temporal de las Administraciones Públicas en Fraude de Ley.

Tras la sentencia, desde SIndEP queremos emitir una valoración del resultado, así como, de los posibles efectos en las Administraciones Públicas de este pronunciamiento del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

El pasado 19 de marzo de 2020, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictó una sentencia largamente esperada. En dicha sentencia vino a reflejar una situación que desde el colectivo del Personal Temporal de las Administraciones Públicas en Fraude de Ley se venía denunciando y que como muestra de esas reivindicaciones confluyó en la masiva manifestación del pasado 15 de febrero de 2020 en Madrid, con el lema “Contra el abuso de la temporalidad en el Empleo Público… ¡¡FIJEZA YA!!”.

 PRECEDENTES JURÍDICOS A NIVEL ESTATAL

Sería interesante retrotraernos para comprender los cambios que se están produciendo en el ámbito jurisprudencial a partir de las denuncias del Personal Temporal de las Administraciones en Fraude de Ley.

ÁMBITO FUNCIONARIAL:

Las figuras existentes en el ámbito funcionarial, son dos: funcionario/a de carrera y funcionario/a interino/a.

A partir del año 2017 surge una nueva figura jurídica que es el funcionario interino indefinido no fijo, como consecuencia de una sentencia de Tribunal Supremo de 28 de marzo de 2017 y otra posterior del el Tribunal Supremo sala cuarta de lo Social en unificación de doctrina (28 de marzo de 2019), creando jurisprudencia, en la creación de esta figura jurisprudencial a través de la cual se trataba de encauzar legalmente el problema del abuso de los contratos temporales por parte de la Administración Pública. Estableciendo la indemnización de los/as funcionarios/as indefinidos/as no fijos/as cuyo despido se produzca por cobertura de plaza tienen derecho a una indemnización de 20 días por año trabajado con el tope de 12 mensualidades.

El remedio a tal abuso, explicaban los magistrados/as, no puede ser la conversión del temporal en funcionario/a, porque ello atentaría contra los principios de igualdad, méritos y capacidad en el acceso a la Función Pública.

En una sentencia reciente, 12 de diciembre de 2019, el Tribunal Supremo condena al Ayuntamiento de Carmona (Sevilla) a indemnizar a una interina con 20.000 euros por no convocar en plazo una oferta pública de empleo, sobrepasando el periodo de tres años para la convocatoria de la misma (Art. 70.1 – TREBEP).

ÁMBITO LABORAL:

Previa a la creación del EBEP (12 de abril de 2007), el mundo laboral en las Administraciones Públicas disponía de una mayor protección frente al abuso de la temporalidad respecto a la situación actual. Debido al amparo del Estatuto de los Trabajadores.

Esta circunstancia lo podemos comprobar en la situación del personal laboral en las empresas privadas, incluso tras la nefasta Reforma Laboral de 2012, este personal laboral que lleve más de tres años en la misma situación contractual pasa a ser indefinido (fijo) con una protección económica disuasoria, mermada tras la mencionada Reforma Laboral de 2012 e iniciada a finales de 2011 con el incremento de la edad de jubilación y el recorte salarial del 5%, que a fecha de hoy perdura.

Tras el EBEP, el personal laboral temporal que disponía de estas protecciones legales, se ve abocado a permanecer largos años sin poder consolidar su plaza bajo la justificación de los principios de acceso a la Función Pública, de igualdad, méritos y capacidad.

Si bien es cierto, que esta situación está cambiando y los Tribunales de Justicia han emitido sentencias reconociendo la condición de fijo a este personal de las Administraciones Públicas: STTSJ Baleares 02/12/2019, STSJ Andalucía 28/06/2017, STSJ Galicia 28/06/2018, Juzgado Social 2 Orense 02/12/2019.

POSICIÓN EN LAS CONCLUSIONES DE LA ABOGADA GENERAL DEL TJUE HACIA LOS TRIBUNALES ESPAÑOLES ANTE SUS FUTUROS PRONUNCIAMIENTOS

Previo a la sentencia del pasado 19 de marzo de 2019, la Abogada General del Tribunal de Justicia de la Unión Europea emitió una serie de conclusiones (17/10/2019) que nos gustaría recordar ciertos puntos para que de una manera más exacta empezar a comprender la importancia de la sentencia que se produjo el pasado 19/03/2020.

Pese a los muchos puntos positivos que se desprenden de las conclusiones del Abogada General del Tribunal de Justicia de la Unión Europea quisiéramos centrarnos en tres puntos para hacer ver la importancia de la sentencia y la manera que desde los Tribunales españoles deberían abordar sus pronunciamientos. Estos puntos son los incluidos del párrafo 59 al 61 de las conclusiones de la Abogada General del Tribunal de Justicia de la Unión Europea:

• Párrafo – 59: “…Por tanto, corresponde a los Estados miembros adoptar medidas que no solo deben ser proporcionadas, sino también lo bastante efectivas y disuasorias como para garantizar la plena eficacia de las normas adoptadas en aplicación del Acuerdo Marco.”
• Párrafo – 60: “…Esta obligación de los Estados miembros es aplicable con independencia del margen de actuación que les corresponde a la hora de elegir tales medidas adecuadas.”
• Párrafo – 61: “…En estas circunstancias, el Tribunal de Justicia, sobre la base de las cuestiones prejudiciales, debe aportar precisiones destinadas a orientar a los juzgados remitentes en su apreciación.”

En estos párrafos, que posteriormente aparecen reflejados en la sentencia, indican que independientemente de la decisión que los Tribunales de Justicia españoles adopten, dichas sentencias deben ir en el sentido más estricto del Acuerdo Marco, no como hasta ahora que se basaban exclusivamente en la legislación española. Por lo que, entendemos que es un dato positivo para abrir los pronunciamientos de los Tribunales españoles a una interpretación más ajustada a la directiva europea 1999/70/CE, sin renunciar a la exactitud de la misma.

Esta apreciación se ve explicada de manera nítida en la propia sentencia, según el párrafo 58:

• Párrafo – 58: “…se explica por el afán de preservar la diversidad de las normativas nacionales en esta materia, procede no obstante recordar que el margen de apreciación así atribuido a los Estados miembros no es ilimitado, ya que en ningún caso puede llegar hasta el punto de poner en peligro el objetivo o el efecto útil del Acuerdo Marco. …”

ANÁLISIS DE LA SENTENCIA DEL 19 MARZO DE 2020 POR EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UNIÓN EUROPEA.

Una vez explicados los preámbulos a este análisis queremos ir mostrando los puntos que consideramos claves para su posterior valoración. En un Principio, expondremos aquellos que consideramos positivos y en la parte final los puntos menos favorables.

Fraude de Ley:

Es indudable que el conjunto de la sentencia es una crítica incisiva, hasta cierto punto vergonzante, que desde el Tribunal de Justicia de la Unión Europea se hace a la utilización abusiva de los contratos de duración determinada, sea cual sea su naturaleza, por parte de las Administraciones Públicas para suplir las necesidades estructurales y esenciales con presuntas necesidades temporales.

Como queda reflejado de manera clara en el párrafo 61 de la sentencia:

• Párrafo – 61: “…considerar que no existen sucesivas relaciones laborales de duración determinada, en el sentido de la cláusula 5 del Acuerdo Marco, por la única razón de que el empleado afectado, aun cuando haya sido objeto de varios nombramientos, ha ocupado de manera ininterrumpida el mismo puesto de trabajo durante varios años y ha ejercido, de manera constante y continuada, las mismas funciones, mientras que el mantenimiento de modo permanente de dicho trabajador en una plaza vacante sobre la base de una relación de servicio de duración determinada se debe al incumplimiento por parte del empleador de su obligación legal de organizar en el plazo previsto…”

En comunicados anteriores ya explicamos lo que incluso para la propia legislación española significa esta actividad ilícita y que las Administraciones Públicas utilizan sin ningún tipo de reparo basándose en necesidades temporales para suplir puestos estructurales y esenciales dejando a estos trabajadores públicos y a estas trabajadoras públicas a merced de las Administraciones Públicas del gobierno de turno para hacer o deshacer a su libre antojo, excluyéndoles/as de su propia naturaleza como servidor/a público/a.

Procesos de estabilidad y consolidación:

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea declara que el uso de procesos de estabilidad y consolidación para sancionar debidamente el abuso de la temporalidad de los contratos, no es una sanción adecuada para sancionar debidamente la utilización abusiva de tales relaciones de servicio. Y así lo declara en el párrafo 101, y desarrollados del párrafo 98 al párrafo 100:

• Párrafo – 101: “Por consiguiente, dado que la organización de estos procesos es independiente de cualquier consideración relativa al carácter abusivo de la utilización de relaciones de servicio de duración determinada, no resulta adecuada para sancionar debidamente la utilización abusiva de tales relaciones de servicio ni para eliminar las consecuencias de la infracción del Derecho de la Unión. …”

Cabe destacar por su importancia lo reflejado al final del párrafo 100 debido a su importancia nuclear en los argumentos utilizados tanto por las Administraciones Públicas como por los Tribunales de Justicia españoles:

• Párrafo – 100: “…En efecto, como señaló, en esencia, la Abogada General en el punto 68 de sus conclusiones, tales procesos, cuyo resultado es además incierto, también están abiertos a los candidatos que no han sido víctimas de tal abuso.”

Este párrafo es demoledor para los argumentos que han ido utilizando las Administraciones Públicas y los diferentes Tribunales de Justicia españoles en la base de los principios de igualdad, méritos y capacidad. Por lo que entendemos que dichos procesos deberían ser restringidos y no de OPE libre, y por lo tanto no deberían aparecer en la OPE.

Figura “indefinido no fijo”:

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea declara la figura de “indefinido no fijo” como una medida que no alcanza la plenitud de lo reflejado en el Acuerdo Marco por considerar que no les permite disfrutar de las mismas condiciones de trabajo que el personal estatutario fijo. Y así lo refleja en el párrafo 102:

• Párrafo – 102: “…basta con señalar que los propios juzgados remitentes consideran que esta medida no permite alcanzar la finalidad perseguida por la cláusula 5 del Acuerdo Marco.”

Denuncia de los sucesivos nombramientos y ceses:

Desde el Tribunal de Justicia de la Unión Europea se considera que no es necesario el denunciar dichos nombramientos y ceses, según lo reflejado en párrafo 61:

• Párrafo – 61: “…mientras que el mantenimiento de modo permanente de dicho trabajador en una plaza vacante sobre la base de una relación de servicio de duración determinada se debe al incumplimiento por parte del empleador de su obligación legal de organizar en el plazo previsto un proceso selectivo al objeto de cubrir definitivamente esa plaza vacante y, por ello, su relación de servicio ha sido renovada implícitamente de año en año, puede comprometer el objeto, la finalidad y el efecto útil del mencionado Acuerdo.”

Indemnizaciones equivalentes al despido improcedente:

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea establece que las indemnizaciones deben ser proporcionada, además de efectiva y disuasoria, según lo reflejado en el párrafo 104:

• Párrafo – 104: “De conformidad con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia recordada en el apartado 86 de la presente sentencia, es necesario además que la indemnización concedida no solo sea proporcionada, sino también lo bastante efectiva y disuasoria como para garantizar la plena eficacia de dicha cláusula.”

Nos gustaría remarcar en esta cuestión lo aportado en las conclusiones de la Abogada General del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en el resultado de su valoración en el punto 3 párrafo 3:

• Párrafo – 3 – (Punto 3): “…Cabría pensar en una obligación adicional de pago de una indemnización por un importe a tanto alzado suficientemente disuasorio. Los juzgados remitentes deberán valorar si la indemnización por despido improcedente satisface esas exigencias…”

Entendemos que en este párrafo se reconoce que las indemnizaciones actuales son nulas o insuficientes y deben definirse desde los tribunales españoles en una cantidad suficientemente disuasoria, no como en la actualidad que son inexistentes o irrisorias.

Fijeza:

El Tribunal de Justicia de la Unión declara que deben ser los tribunales españoles conforme a la normativa nacional, según párrafo 130:

• Párrafo – 130: “…No obstante, de la información facilitada por el juzgado remitente se desprende con claridad que tal transformación está excluida categóricamente en virtud del Derecho español, ya que el acceso a la condición de personal estatutario fijo solo es posible a raíz de la superación de un proceso selectivo.”

Este es el punto en el que consideramos que el Tribunal de Justicia hubiera podido desarrollarlo de una mejor manera como si lo hizo en sentencias previas en otros países de manera directa.

VALORACIÓN DE LA SENTENCIA DEL 19 MARZO DE 2020 POR EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UNIÓN EUROPEA.

Desde SIndEP queremos hacer una valoración positiva de la sentencia. Si bien no se consigue la fijeza directa, el conjunto de las declaraciones del Tribunal de Justicia de la Unión Europea abre vías que, en un principio, se encontraban en vía muerta y con ninguna perspectiva de futuro.

Como hemos reflejado en el comunicado, la situación inicial y tras los diferentes pronunciamientos de los Tribunales de Justicia españoles que, en un inicio, impedían cualquier expectativa que no fuera los procesos de estabilidad y consolidación actuales. 

Tras la sentencia, se abre la opción para que través de procesos restringidos podría obtenerse la fijeza y siempre con la posibilidad de obtener una indemnización disuasoria más acorde con los principios de la directiva europea 1999/70/CE, así como, los gastos por los daños ocasionados.

Además, en aquellos casos en los que la Administración competente no pudiera abordar el coste de dichas indemnizaciones disuasorias más el coste de los gastos originados por los daños causados o por la falta de previsión presupuestaria de estos gastos, se debería obtener la fijeza directa.

CONCLUSIONES.

A lo largo del escrito hemos querido mostrar cómo ha ido evolucionando la situación del Personal Temporal de las Administraciones Públicas en Fraude de Ley donde en un inicio el reconocimiento era nulo o irrisorio y cómo en estos últimos momentos desde los propios Tribunales españoles está cambiando.

Desde la sentencia del pasado 19 de marzo de 2020, entendemos que esta situación debe variar acorde al pronunciamiento.

La declaración del Fraude de Ley, sentenciar que los procesos de estabilidad y consolidación no reúnen las condiciones según la directiva, el rechazo a la figura del “indefinido no fijo” como solución al uso abusivo de las contrataciones temporales del personal de las Administraciones Públicas y la imposición de unas indemnizaciones acordes al Acuerdo Marco más los costes por daños causados, dejan en una situación difícil tanto al poder legislativo como a los agentes sociales de intentar acelerar cualquier tipo de proceso fuera de la directiva europea 1999/70/CE.

Si a todo esto añadimos el “recadito” que desde el Tribunal Europeo manda a los Tribunales españoles con la siguiente frase ”…el margen de apreciación así atribuido a los Estados miembros no es ilimitado…”, significa que la actual labor de la Justicia española debe hacérselo mirar.

Por todo ello y ante la situación actual de estado de alarma, no entendemos la nota de prensa remitida por el Ministerio de Política Territorial y Función Pública solicitando acelerar un proceso declarado al margen de los principios del Acuerdo Marco y que podría significar el despido improcedente de compañeros y compañeras, cuando además ese mismo día, ese mismo Gobierno solicita parar el Congreso a las 20:00 horas para aplaudir a compañeros y compañeras por realizar su trabajo con absoluta vocación y abnegación cuando, incluso, parte de ellos/as se encuentran en una situación de absoluta precariedad e indefensión ocasionada por las propias Administraciones y que este Ministerio está avalando con dicho comunicado.

En vez de estar trabajando para dictar leyes que obliguen a las Comunidades Autónomas a disponer de partidas dedicadas exclusivamente a EPIs imprescindibles en aquellos centros de trabajo de alta-media exposición y declarados esenciales para protección de nuestros/as compañeros/as, se dedican a meter el dedo en la llaga.

Desde SIndEP consideramos que puede que sea uno de los comunicados más desacertados e inoportunos que pudieran elaborarse en estos precisos momentos.

Podría explicar al conjunto de compañeros/as de las Administraciones Públicas de dónde va a sacar el dinero no presupuestado para abordar la enorme cantidad de indemnizaciones de los probables despidos improcedentes más las cantidades que tendrán que pagar por los daños ocasionados en una situación económica que se avecina bastante compleja.

Luego vendrán las quejas infundadas para justificar una nueva época de recortes en nuestros horarios, en nuestras OPEs, en nuestras promociones internas y enmascarar presuntos procesos negociados para bajar salarios, complementos y específicos.

Desde SIndEP solicitamos, primeramente, que trabaje para ayudar a nuestros/as compañeros/as en los medios humanos y materiales precisos para que puedan realizar la labor que vienen desempeñando de manera ejemplar en las mejores condiciones que merecen. Y luego, hablaremos de lo que precisen.

SIndEP quiere reconocer, agradecer, daros el apoyo y la ayuda a todo el personal que, en estos momentos tan difíciles, se encuentra en las labores esenciales encomendadas para combatir esta pandemia.

CONCLUSIONES DE LA ABOGADA GENERAL SRA. JULIANE KOKOTT

presentadas el 17 de octubre de 2019

SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Segunda)

de 19 de marzo de 2020